Acción de Amparo Constitucional y Solicitud de Suspensión inmediata de medida cautelar innominada de la convocatoria de elecciones PARLAMENTARIAS

Agosto 5, 2020

Dr. Miguel Ángel Martin

Ciudadano presidente y Demás Miembros de la Sala Electoral, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana De Venezuela.

Su Despacho:

Washington, D.C.,  

ASUNTO:

Acción de Amparo Constitucional y Solicitud de Suspensión Inmediata de Medida cautelar innominada de la convocatoria de elecciones PARLAMENTARIAS 06 DICIEMBRE 2020

Quienes suscriben:

Pablo Medina Carrasco, Padre José Palmar Morales, Luis Ortiz, Eduardo Guzmán Pérez, Freddy Ibarra, Franklin López, Freddy Solórzano, Elías Briceño, Xavier Codorniu, Zuleima Yépez, José Merentes, Erick Encinas, Ronald Revette, Jaime Chirinos, Luis Canache Mata, Aura Mata, Gertrudis Alfonso, Mary Canache, Ramón Canache, Eloy Tarazona, Carlos Padilla, Elías Briceño, Jhon Brendan, Glenda Rodríguez, Rosmer Landines, Audio Soto, Ali Berti. Actuando En Este Acto en Nombre propio y en representación de la  Sociedad Civil Venezolana Organizada, Asociaciones Civiles, La Junta Patriótica, voz de la Resistencia, La Unión de la Resistencia,  la  Coalición Internacional por Venezuela, Federación de Foros Académicos de Venezuela, Bolívar Fundation, Conaddeh, Despierta Venezuela, Movimiento Sigatoka Venezuela, Democracia Siglo XXI, Alianza Internacional, Movimiento Civil Organizado, nos dirigimos ante ustedes, respetuosamente, en nuestra condición de ciudadanos venezolanos y en nuestra calidad de electores inscritos en el Registro Electoral, actuando en nuestro propio nombre y asistidos en este acto por el ciudadano Abogado Natalio Eloy Tarazona, CI: N.º 10. 664.355; Impre Abogado N.º 194.379 condición esta que demuestra nuestra Cualidad e Interés Legítimo, como sujetos de Derechos, puesto que la garantía de la tutela efectiva de los derechos colectivos y difusos establecidos en el artículo 26 de la Constitución, la legitimación activa, como requisito de admisibilidad ahora bien, haciendo uso de nuestro derecho de petición constitucional, contenido en el artículo 51; y del control difuso de la Constitución en su artículo 7, y de la Competencia Constitucional que tiene esa honorable Sala Electoral conforme al conjunto  de circunstancias concomitantes conducen a calificar al asunto debatido como de naturaleza electoral, materia ésta que es del conocimiento exclusivo y excluyente de esta Sala Electoral, en los términos que pacíficamente ha venido señalando desde su creación, muy especialmente los contenidos en las sentencias números 2 (caso C.U. de Gómez) y 77 (caso J.N.) de fechas 10 de febrero de 2000 y 27 de mayo de 2004 (…).

(…) El criterio jurisprudencial expuesto armoniza a su vez con el establecido por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, mediante sentencia número 1555 de fecha 8 de diciembre de 2000 (caso Yoslena Chanchamire), la cual señaló lo siguiente:

‘I) Corresponderá a la Sala Electoral el conocimiento de las acciones de amparo autónomo que se interpongan contra actos, actuaciones u omisiones sustancialmente electorales de los titulares de los órganos administrativos, distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o de los órganos constitucionales equivalentes a los mismos, ya que existen evidentes violaciones flagrantes a derechos y garantías constitucionales en los artículos que amparan nuestros derechos humanos y constitucionales en los artículos 19, 25, 26,27 y 63, y que contra las violaciones de los derechos y garantías de los ciudadanos venezolanos, así como al conglomerado de electores de nuestro país, interponemos formalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales,  Acción de AMPARO Constitucional y Solicitud de Suspensión Inmediata de Medida Cautelar Innominada de la Convocatoria de Elecciones Parlamentarias 06 Diciembre 2020. Dado queLa Resolución de las normativas especiales, para las elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional, número 20063-0015, de fecha 30 de Junio de 2020, así como también contra La Resolución Reglamentaria N° 200630-0024, de fecha 30 de junio del presente año, para regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional, dictadas por unanimidad del actual Directorio de Rectores del Consejo Nacional Electoral, quienes actuando por mandato y con las atribuciones impartidas por la sentencia número 068, de fecha 05 de junio del presente año, dictada por esa honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y colocando a dichas Resoluciones por encima de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (En adelante LOPRE) y su reglamento, es decir, en un segundo orden de prelación, para regir el próximo proceso de Elección Parlamentaria que se efectuará en el país el venidero seis (6) de diciembre del presente año, de conformidad con el Cronograma Electoral, tal cual se desprende de su  contenido, y que de cuyas aplicaciones se violan los artículos: 63, 67, 186, 292, 293, numeral 1°y 6° y 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos:1ro.,8, 10 y 11 de la LOPRE, y 1ro., 33 numeral 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, constituyen violaciones expresas a la Constitución que violan derechos constitucionales denunciadas no pueden ser reparadas por una vía distinta a la del amparo constitucional, ya que no existe otra opción procesal célere y expedita para que cesen las lesiones a sus derechos y en esencia contra el sacrosanto principio de garantía constitucional que el ente rector electoral usurpador desconoce y que vicia de nulidad absoluta todos los actos posteriores, ya que no puede a  través de resoluciones reglamentarias el cuerpo de rectores violar el texto constitucional y cometer un avieso fraude constituyente al pueblo venezolano al tratar de aumentar al margen de la constitución el número de diputados de 165 a 277, es decir que este agravio constitucional violatorio de la carta magna solo puede ser revertido mediante esta acción excepcional de amparo constitucional. Porque no es posible que la resolución reglamentaria de las normativas especiales, para las elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional, número 20063-0015, de fecha 30 de junio de 2020, así como también contra la Resolución Reglamentaria N° 200630-0024, de fecha 30 de junio del presente año, estén por encima en orden de prelación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo

7 La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

Antecedentes

Es el caso ciudadanos magistrados, de esta honorable sala, que, en el pasado, bajo ponencia del magistrado de la sala electoral de este tribunal Domingo Javier Salgado Rodríguez expediente: se-2018-001 asunto: Nulidad del Sistema Electoral Venezolano, se decidió lo siguiente: esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

Primero: Con Lugar el recurso contencioso electoral interpuesto por la ciudadana Adriana     Vigilanza     García, en     contra     del Sistema     Electoral Venezolano. En consecuencia y por efecto de la desaplicación parcial de los artículos 121 y 141 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se declara Nulo a partir de la presente fecha el uso del Sistema Automatizado de Votación y Escrutinio para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos y otras elecciones.

Segundo: Se   Declara la    inconsistencia del Registro    Electoral. En consecuencia, se Ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE),que previa a la realización de cualquier proceso electoral con la participación obligatoria de las universidades, los  partidos  políticos,  los  grupos  de  electo res  y la  Academia  de  Ciencias  Políticas  y  Sociales, inicie un    proceso  de Depuración y Actualización del  Registro  Nacional  Electoral, debiéndose efectuar las debidas correcciones sobre la identidad de cada ciudadano venezolano o extranjero  habilitado  para  ejercer  el  voto; verificándose  las  debidas  actas  de  nacimiento, actualizándolos en la data su lugar de residencia; excluyéndose a los fallecidos e inhabilitados por decisión  judicial, y  generándose  un  archivo  digitalizado  confiable  que  contenga  además  de  sus datos  de  identificación,  los  registros  biométricos  y las  direcciones  de  cada  elector,  el  cual  debe estar a la disposición de las organizaciones políticas antes de la celebración de cada elección.

Tercero: Se  Ordena al CONSEJO  NACIONAL  ELECTORAL  c),que con  la  participación obligatoria de las  universidades, los  partidos  políticos,  los  grupos  de  electores,  la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los Institutos de Estudios Jurídicos de los Colegios de Abogados, diseñe e  implemente  un  sistema  de  votación  y  escrutinio fundamentalmente manual, con preeminencia del voto físico o papeleta electoral, en donde el uso de la tecnología e informática sea auxiliar y solo en beneficio de la celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del  voto,  escrutinio  y  totalización,  con  el  objetivo  de  recuperar  la  confianza pública  de  los ciudadanos en el sufragio, como la forma legítima de participación democrática.

Cuarto: Se Exhorta a la Asamblea Nacional que de conformidad al artículo 296 de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela   inicie  el  proceso  de selección  y designación de nuevos  Rectores del Consejo Nacional Electoral, garantizando árbitros idóneos e imparciales,   no   vinculados   a   organizaciones   con   fines   políticos, que   puedan   generar   la imparcialidad,   transparencia   y   eficacia   en   la   organización,   administración,   dirección   y supervisión de los próximos procesos electorales. 

Quinto: Se Ordena Notificar a la Fiscal General de la República a los fines que dé inicio a la investigaciones pertinentes, con el objeto de establecer la responsabilidad penal  de  los Rectores  y  demás funcionarios del  Consejo  Nacional  Electoral  (CNE) por  los presuntos  delitos  electorales, conspiración  contra  la  forma  republicana  del  Estado, violaciones de  tratados  internacionales y  violaciones  a  los  derechos  humanos  de  los  electores;    asimismo inicie  las  investigaciones  tendentes  a  establecer  las  responsabilidad  penal,  si  la  hubiere,  en delitos relativos al patrimonio público  con ocasión a los procesos licitatorios y de contratación de las empresas Smart Matić y Bitza, encargadas del proceso de automatización del actual proceso electoral venezolano.

Sexto: De  conformidad  al  numeral  12  del  artículo  25  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal Supremo  de  Justicia  remítase  copia  de  esta  sentencia  a  la  Sala  Constitucional  del  Tribunal Supremo  de  Justicia  a  los  fines  de  la  revisión de  pleno derecho  del  control  difuso  de  la constitucionalidad  declarado  sobre  los artículos 121  y  141  de  la  Ley  Orgánica  de  Procesos Electorales, publicada en Gaceta Oficial  Extraordinaria No.592 de fecha 12 de agosto de 2009.

Es de destacar ciudadanos magistrados es el caso notorio, público y constitucional, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 12 de Junio de 2020 juramentó a los ciudadanos: Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial; Rafael Simón Jiménez Melean, como rector principal y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal. Asimismo, como rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral: Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alex David Said Díaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego. Posteriormente el directorio, en fecha 01 de Julio de 2020 convoca a elecciones parlamentarias para el día 06 de diciembre del 2020 constituyendo esta convocatoria un acto lesivo constitucional concreto e individualizado que amenaza la violación de múltiples derechos y garantías constitucionales y que como se trata de una actuación de un Poder Público Poder Electoral CNE, que constituye una ilegalidad e inconstitucionalidad de este acto administrativo violatorio del orden constitucional. Adicionalmente al amparo se pretende no solo la restitución jurídica del orden infringido, sino que se decrete con la admisión y en uso del poder cautelar de esta sala una tutela cautelar de medida innominada. Como es la suspensión inmediata de la convocatoria de elecciones parlamentarias previstas para el 06 de diciembre de 2020. Ya que en sentencia de fecha 13 de diciembre de 2000, dejó sentado con relación a la interposición del amparo en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley que rige la materia, que en el caso de la pretensión de amparo constitucional autónomo se solicite conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la procedencia de la misma viene dada por el hecho de que la violación o amenaza de violación derive de una norma que se contraponga a los preceptos constitucionales, y su finalidad es la inaplicación de la norma impugnada para el caso concreto mediante una providencia judicial; siendo así un medio de control de la constitucionalidad de las leyes. Ya que es notorio público y comunicacional, relevado de todo medio de prueba el abierto desacato de estos rectores que violan flagrantemente los principios derechos y garantías constitucionales siguientes el 73, 77, 186, 292, 293 y 298 del texto constitucional. “La ley fundamental es violada por todos lados en materia electoral con esta convocatoria”.

CAPITULO I

De la Acción del Amparo Constitucional y la Solicitud de la Medida Cautelar Innominada de Suspensión Inmediata de la Convocatoria a Las Elecciones Parlamentarias 06 De diciembre de 2020

Es el caso ciudadanos magistrados que conforme a El principio de la participación política es un derecho humano, protegido y amparado por nuestra Constitución, articulo 70 , el cual está referido en parte, a la libertad de los ciudadanos de elegir y ser elegido, puesto que no sólo se circunscribe a participar en los procesos electorales, sino que también abarca otras actividades como culturales, económicas y sociales, y es lo que permite en definitiva que se cumplan con los fines del Estado, que no es otro que el bien común, que los ciudadanos actúen, ejerzan sus derechos en la función pública, es decir, se establece una relación jurídica de derechos y obligaciones que permitan mantener una disciplina recíproca entre el ciudadano y el Estado, de conformidad con las normas que van a regular esos derechos, lo que equivale decir, que este derecho de la participación constituye la base fundamental donde se sustenta nuestro sistema democrático. Para poder desarrollar estas actividades, el Estado está en la obligación constitucional de establecer las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda ejercer libremente esos derechos, es decir, que estos se ejecuten en igualdad de condiciones e inalienables, que permitan que cada ciudadano pueda ejercerlos libre y voluntariamente como lo establece nuestra Constitución y las leyes. Es lo que caracteriza un estado de derecho en nuestro sistema democrático, para proteger esos derechos universales, y para hacerlos efectivos. Pues bien, para garantizar que esos derechos no se hagan nugatorios, y se lesionen, se estableció en el artículo 27 constitucional, el Amparo como un derecho ciudadano de tutela judicial efectiva para protegerlos. De ahí surge y se justifica, la aprobación de la Ley Orgánica de Amparo y de Garantías Constitucionales. En razón de ello, y de conformidad con el artículo 3° de la referida ley, interponemos el ejercicio de amparo en forma conjunta con la acción popular de inconstitucionalidad, que permite que el derecho al sufragio, en sus dos acepciones, no se encuentre vulnerado, impedido o amenazado su ejercicio, por las violaciones que atenten contra las normas constitucionales y legales que rigen a los procesos electorales que se realicen en nuestro país, como así ocurre actualmente para la elección parlamentaria de la Asamblea Nacional, tal y como se desprende de las Normativas Especiales y Reglamentarias respectivamente, dictadas por el CNE, en franca violación a las Constitución y las leyes electorales que afectan notablemente a los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional, tal como se indica en el artículo 293, parte in fine de la Constitución, principios estos que obligan al órgano comicial a garantizar la pulcritud del proceso electoral y permite que el cumplimiento de manera concurrente de todos  estos principios para darle confianza al electorado, no se sientan vulnerados al acudir libre y voluntariamente para ejercer su derecho al sufragio, así como también a las organizaciones confines políticas para postular candidatos a ser elegidos de conformidad con las normas que rigen igualmente esos procesos electorales como se explica a continuación.

así como los artículos que amparan nuestros derechos humanos y políticos constitucionales en los artículos 19, 25, 26,27 y 63, contra las violaciones de los derechos y garantías de los ciudadanos venezolanos, así como al conglomerado de electores de nuestro país, interponemos, de conformidad con el artículo3° de la Ley Orgánica de amparo, conjuntamente con el recurso de inconstitucionalidad contra la Resolución de las normativas especiales, para las elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional, número 20063-0015, de fecha 30 de Junio de 2020, así como también contra la Resolución Reglamentaria N° 200630-0024, de fecha 30 de junio del presente año, para regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional, que se anexan marcadas Con la Letra Respectivamente, Dictadas por Unanimidad del Actual Directorio de Rectores del Consejo Nacional Electoral (En adelante: CNE), quienes actuando por mandato y con las atribuciones impartidas por la sentencia número 068, de fecha 05 de junio del presente año, dictada por esa honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y colocando a dichas Resoluciones por encima de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales.

en fecha 30 del mes de junio del presente año, dictó otro reglamento sin base legal y extemporáneo, que atenta contra la prohibición expresa del artículo 298 de la Constitución, por cuanto no debe modificar las normativas electorales, ni crear nuevas disposiciones legales ni reglamentarias, 6 meses antes de la fecha fijada para la elección y lo hizo faltando 5 meses para ese acto. En consecuencia, estas normativas también atentan contra los referidos principios constitucionales y carecen de legalidad y deben ser declaradas nulas de toda nulidad y así deben ser declaradas. Ahora bien, ante semejantes violaciones de las referidas normativas constitucionales y legales, que atentan contra los derechos y garantías de los electores, para participar en el proceso de elección parlamentaria, consideramos que la presunción del buen derecho que se reclama se encuentra más que evidente para ser tutelados nuestros derechos constitucionales de participación y que atentan contra los principios contenidos en el artículo 293 parte in fine, en virtud que el sólo hecho de desaplicar los referido artículos constitucionales y legales, y no actuar conforme lo indicó la sentencia 068, son razones más que suficientes para suspender la ejecución de las referidas normativas, por cuanto atentan contra los referidos principios constitucionales y del derecho de participar en un proceso electoral bajo estas condiciones, es como convalidar las violaciones de la Constitución y las leyes electorales, tal como se indicó anteriormente; es convertirse de manera o misiva en cómplice de ese adefesio jurídico, que le resta toda credibilidad y confianza a los electores, y a los resultados de un proceso electoral que no está diseñado conforme lo establece la norma constitucional y legal, es decir, se produce un daño inminente y actual al derecho de participación de los electores y atenta contra los principios que garantizan la igualdad, confiabilidad, imparcialidad y eficiencia de los procesos electorales, cuyas normativas ya se encuentran en plena ejecución en el Cronograma Electoral, y para evitar que estos principios constitucionales que rigen de manera concurrentes a todos los procesos electorales y en especial el que se encuentra en curso, se sigan vulnerando, se solicita que esa honorable Sala Electoral suspenda la ejecución, como medida cautelar de las referidas resoluciones objeto de la presente acción, en razón que, de conformidad con los argumentos antes expuestos, que demuestran la presunción del buen derecho que se reclama lesionado (fumus bonis jure) y el peligro inminente (el periculum in mora) que su ejecución siga causando la lesión o vulnerando a esos derechos en perjuicio del colectivo electoral (Ciudadanía) dado que, se encuentran justificados los extremos que por motivo de esta acción conjunta, se suspenda la ejecución, dado que esta sala que actúa en este acto como Juez Constitucional en aras de garantizar la tutela constitucional solicitada, la cual se considera necesaria como mecanismo procesal idóneo para evitar el riesgo  habida cuenta que la naturaleza de la acción de amparo constitucional  es Restitutiva y no Anulatoria y con fundamento en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil y por aplicación analógica del artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como en el criterio de la Sala Constitucional en sus sentencias Nº 156 de fecha 24 de Marzo de 2000 y N.º 2542 (sic) de fecha 08 de Noviembre de 2004, el Juez Constitucional, que conoce el recurso, puede y debe acordar la suspensión provisional de los efectos de los actos presuntamente violatorios de la garantía constitucional qua aparezcan como probables de causar lesiones irreparables, es decir, cuando resulte aceptable, según criterio del Juez, la posición material del recurrente, a saber, lo que en doctrina se conoce como el “FUMUS BONIS JURIS” misma y que se verifiquen de manera concurrente los siguientes requisitos:

i) Presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris).

ii) La existencia de un fundado temor a que una de las partes puede causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni).

iii) Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).

iv) Que se acompañe medio de prueba que constituya presunción grave de las anteriores circunstancias y del derecho que se reclama. Hecho público, notorio y comunicacional relevado de toda prueba.

Con relación a la exigencia  Ya que el daño de acuerdo al PERICULUM IN MORA no solo es a los electores venezolanos sino que la convocatoria a elecciones parlamentarias soportadas por resoluciones que atentan contra la constitución constituyen un precedente funesto para el orden público constitucional, la seguridad jurídica, en fin la constancia legitima de las instituciones porque cualquier ente rector así como se aumentó a 277 diputados el que venga puede aumentarlo a 400 o 500 constituyendo esto un fraude constituyente y continuado al soberano. En consecuencia los daños irreparables deben catalogarse de conformidad con su reparabilidad o dificultad de reparación, lo cual se refiere a daños actuales o futuros mas no eventuales o imaginarios que se generarían, en caso de ejecución del acto y de no suspenderse sus efectos(…) Con respecto a esta exigencia en la ponderación del periculum in mora deber tenerse en cuenta que su existencia supone la demostración de hechos concretos de los cuales puedan derivarse determinados perjuicios, así como los mismos perjuicios.” (decisión número 21, de fecha 21 de febrero de 2001. Caso: Cornado Peñalosa contra el C.N.E.)”. Solo el amparo constitucional aquí interpuestos restitutorio de los derechos constitucionales de los venezolanos violados son de orden público y que dicho requisito puede ser ponderado ante la existencia de una presunción de violación o amenaza de violación de derechos constitucionales y en el caso bajo estudio existe la posibilidad cierta -y prácticamente inminente- de que el proceso electoral se realice en una fecha tan próxima como el 06 de diciembre 2020, por lo que una vez realizado el proceso electoral los posibles daños que se le pueda causar al accionante resultarían de difícil reparación.

Es de destacar que adicionalmente Hay que Hacer Notar Ciudadanos Magistrados  que  el CNE ha Decidido de una Manera Inconstitucional Modificar el Número de Diputados de 167 a 277 y Crear una Circunscripción Nacional Para Elegir Por la Vía Indirecta, O de Adicción, 48 Diputados que no Obedecen a Ninguna Base Territorial ni Poblacional, Criterios Estos que Atentan Contra lo Establecido en Nuestra Carta Magna, La Cual Establece el Único Sistema Electoral Para Elegir a los Integrantes de la Asamblea Nacional, Además que en el Artículo 188, de la Constitución, Estamos en Presencia de Una Elección por Estado y no por Circunscripción Nacional, y así también le solicitamos a esa honorable Sala lo declare con efecto inmediato para ser aplicado a este proceso electoral del parlamento y con efecto ex nunc.

CAPITULO II

De los Fundamentos del Derecho

Derechos Constitucionales Violados Flagrantemente

Supremacía Constitucional Artículo 7

 Violación al Debido Proceso y al Orden Público Constitucional Articulo 49

Carta Magna

Ciudadanos magistrados es un deber constitucional conforme a los artículos 7, 333 y 350 La defensa de la Constitución es una obligación que debe recaer sobre todos los órganos del Estado y no solamente sobre el judicial, significando esto que todos tenemos el deber de actuar “Constitucionalmente”, no emitiendo ni participando de actos que violen el texto constitucional, respondiendo al compromiso de una democracia participativa y protagónica en un estado de justicia descentralizada para lograr la convivencia en beneficio de todos sus habitantes.

“El sistema de control de la constitucionalidad en Venezuela”, es decir, que del día 30 de junio al 6 de diciembre del 2020, fecha ésta prevista para la realización del proceso de elección, resultan exactamente 5 meses, es decir, no se está cumpliendo por extemporánea con la norma Constitucional, para que la misma pueda ser aplicada para ese proceso comicial convocado, por tanto, debe ser declarada dicha resolución nulas de nulidad absoluta y así expresamente lo solicitamos se declare. La Resoluciones Reglamentarias dictadas por el ente comicial en los términos antes señalados, a pesar de ser nulas, como se indicó anteriormente, también se encuentran viciadas de nulidad por inconstitucionales, por cuanto asume una competencia legislativa indebida y no reglamentaria, puesto que actúa con independencia de las normas legales que rigen a los procesos electorales, tal como expresamente lo establece el texto constitucional en su artículo 292, parte in fine, así como también lo indica el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, y por último, el artículo 1de la LOPRE, es decir, debe sujetar todos sus actos a la Constitución y a las leyes que rigen la materia y no de la manera equívoca como lo hizo, además tal como se explicó anteriormente la Competencia Reglamentaria, si fuere el caso, que estamos en presencia de unos Reglamentos y no de normativas con rango de ley, estas se encuentran limitadas por los referidos artículos 293numeral 1ro. de la Constitución y el artículo 33, numeral 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que disponen que, solo se reglamentan las leyes electorales y de referéndum, y siendo que estas normativas innovadas, no tienen su origen en las leyes electorales y ni siquiera en la Constitución, mal podría el Organismo atribuirse una competencia indebida que no tiene asidero legal, ni Constitucional, por tanto deben ser igualmente declaradas nulas de toda nulidad y así solicitamos a esa Sala lo declar,.Esta referencia la compartimos y nos permite dirigirnos a esta honorable Sala Constitucional, para interponer el presente recurso de AMPARO, conjuntamente con la acción popular del recurso de inconstitucionalidad, por las razones de hecho y de derecho que nos asiste para denunciar las violaciones a estos derechos por motivo de la aplicación de las normas dictadas por el CNE. Cuando se analiza el contenido del Recurso decidido por esa honorable Sala, respecto a la inconstitucionalidad de la omisión legislativa, los recurrentes, además, en su petitorio, solicitan que se desapliquen, sustituyan o modifiquen los artículos 14 y 15 de la LOPRE para garantizar los principios de la representación proporcional y de la nominalidad, de conformidad con el artículo 63 de la Constitución. Solicitud esta, que se acompaña con la recomendación que se le hace a esa Sala para que se pronuncie lo más pronto posible, para evitar que esta reforma o modificación de la referida ley o del reglamento no pueda efectuarse, en virtud de la prohibición expresa que establece el artículo 298 de la Constitución; sin embargo, a pesar que esa Sala lo decidió atendiendo a la solicitud, de conformidad con el principio de celeridad de los actos judiciales a que están obligados constitucionalmente, todos los organismos judiciales para la administración de justicia, la misma decisión dictada con fecha 05 de junio del presente año, no le dan los tiempos al CNE., para dictar las normativas que no colidan con la prohibición expresa del referido artículo 298 constitucional, como así lo hicieron hacer notar los recurrentes en su recurso, es decir, si hacemos un ejercicio del cómputo de los meses en que ese organismo aprobó las referidas normativas y reglamentarias, asimismo, también se extiende más allá del mandato contenido en la sentencia número 068 emanada de la Sala Constitucional, además de cometer el exabrupto jurídico. Le solicitamos a esta honorable Sala declare inconstitucional e ilegal el organismo electoral, Debe Adicionar Además del Requisito de Elegibilidad Descrito Anteriormente, el que se Contiene en el Artículo 188, de la Constitución, Dado que Estamos en Presencia de una Elección por Estado y no por Circunscripción Nacional, y así también le solicitamos a esa honorable Sala lo declare con efecto inmediato para ser aplicado a este proceso electoral del parlamento y con efecto ex nunc.

CAPITULO III

PETITORIO.

Por lo que en consecuencia, en uso de sus poderes cautelares esta Sala Electoral solicitamos que se decida que la adecuada protección por vía cautelar inmediata es la Suspensión Inmediata del Proceso Electoral Pautado Para el día 06 de Diciembre de 2020. En consecuencia, que una vez que sea admitida la presente acción de Amparo Constitucional y se Acuerde la Medida Cautelar Innominada de la Suspensión de la Convocatoria de Elecciones Parlamentarias 06 diciembre 2020 la cual debe ser Tramitada Conforme al procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 1° de febrero de 2000. De igual manera una vez admitida y declarada con lugar la solicitud de amparo constitucional con lugar la medida cautelar innominada por vía de consecuencia se suspenda la convocatoria del proceso electoral de elecciones parlamentarias previsto y convocado para el día 06 de diciembre de 2020.

 Ciudadanos magistrados por todos los razonamientos de hechos y de derechos, solicitamos a esa honorable Sala Electoral que:  

Que la Presente Decisión de Declaratoria de Amparo Constitucional y Suspensión Inmediata de Manera Cautelar las Elecciones Parlamentarias se Oficie y Comunique a cada uno de los Países Miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA. Distintos Gobiernos para que Ratifiquen el Criterio de la Sala Electoral de este Honorable Tribunal que en fecha 13 de junio de 2018 acatar íntegramente el fallo que produjo a la sala electoral del TSJ Legítimo Expediente: SE-2018-001 Asunto Primero; Nulidad del Sistema Electoral Venezolano aplicación parcial de los artículos 121 y 141 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que declaró nulo a  partir de la presente fecha el uso del Sistema Automatizado de Votación y Escrutinio  para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos y otras elecciones.

Que Esta Sala Electoral le Oficie al Secretario General de la OEA, Doctor Luis Almagro y a los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Colombia.  Así Como los Sesenta Países que Respaldan el Gobierno Interino que Sirva de Conducto Ante la ONU, Unión Europea de que el Alcance de la Decisión una vez Publicada y Comunicada Conformen un Bloque Internacional Para Denunciar la Falsa Electoral que se Convocó para el 06 de diciembre del 2020.

 Firman

Pablo Medina C. palommedinacarrasco@gmail.com  (786) 470-9231,

Padre José Palmar, Luis Ortiz, Freddy Solorzano, Eduardo Guzmán Pérez, Dr. Natalio Eloy Tarazona.

Descargue el documento completo aquí:

https://venezuelaredinformativa.com/wp-content/uploads/2020/08/Solicitud-de-MedidaCautelara-Sala-Electoral.TSJ-Legitimo.08.05.pdf

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