KMV C.A. KAWASAKI, hermanos de la represión

Venezuela RED Informativa

Para desmantelar la gran estructura de corrupción que se ha instaurado en Venezuela, en los últimos años ha emergido una campaña internacional con el objetivo de sancionar a los responsables de dilapidar recursos los miles de millones de dólares que se ha sustraído del erario público. Al menos 20 países investigan casos de corrupción con dinero de Venezuela. Los expedientes abiertos por fiscalías, tribunales y parlamentos dan cuenta de un desfalco a las arcas venezolanas.  

Kawasaki de Venezuela, un nido de corrupción del más alto calibre. Los hermanos Amantini, de nacionalidad Argentina a través de la empresa KMV C.A. Kawasaki en complicidad con una docena de empresas  estructuraron un refinado esquema de corrupción que les habría permitido malversar millones de dólares a través del sistema de control de cambio imperante en aquel entonces en Venezuela y al mismo tiempo, llevar actividades de manera irregular en la República Argentina, Panamá, EE.UU. y Suiza, países en los cuales aún hay  investigaciones abiertas en torno a las  operaciones de fraude fiscal, lavado de activos, conspiración para fraude y corrupción.

Rostro de la impunidad

Luis Amantini, Claudio Rubén Amantini, Oscar Amantini, Carlos Amantini, Fernando Amantini fueron socios del Gobierno venezolano en lo que respecta a la distribución y fabricación de las motos KLR 650 Kawasaki, utilizadas por diversos cuerpos de defensa del régimen, siendo estos los proveedores del gobierno durante el periodo 2012-2020. 

Julio Montoya, parlamentario de la oposición venezolana, informó al diario ABC de España que denunciaría ante el Congreso de Diputados de Madrid, a todos los empresarios que obtuvieron contratos con la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y Ministerio de Interior y Justicia durante el periodo ‪2012-2020 por haber facilitado armamento Antimotines, Motocicletas, Tanquetas Antimotines y uniformes antimotines a las fuerzas represoras.

El asambleísta sostuvo que esta vez todas esas pruebas y expedientes fueron entregados en 2019 a representantes del Gobierno de Estados Unidos para que se abriera una investigación a todos estos empresarios y empresas que habían prestado sus servicios al régimen de Maduro para someter a la población venezolana. Es necesario construir un sistema de justicia heterodoxo con apoyo internacional para sancionar la Gran corrupción y la pérdida de vidas de jóvenes venezolanos.

En abril de 2017 cuando decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias del presidente Nicolás Maduro y la crisis humanitaria que ha devastado al país durante su mandato. El gobierno en su momento respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas. Miembros de las fuerzas de seguridad atacaron a manifestantes en las calles, empleando fuerza extrema y en ocasiones letal, provocando decenas de muertes y cientos de heridos. Las autoridades detuvieron a miles de manifestantes y transeúntes, muchos de los cuales fueron luego procesados por tribunales militares.

La represión se ha extendido más allá de las protestas, y agentes de inteligencia del gobierno se han llevado a personas de sus viviendas o las han detenido en la vía pública, incluso mientras no se estaban produciendo manifestaciones. Durante años las fuerzas de seguridad venezolanas —incluida la GNB, la PNB y fuerzas de policías estatales— recurrieron sistemáticamente a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno, a menudo en situaciones en las cuales el uso de la fuerza no parecía estar justificado en absoluto. La distribución de motocicletas de alta cilindrada, específicamente las de la marca Kawasaki, fueron uno de los tantos elementos que les facilitó a los cuerpos de defensa del régimen recrudecer la brutalidad de su alcance represivo, atacando manifestantes y facilitando las detenciones, abusos y violaciones, por ello no podemos olvidar quienes colaboraron en la desaparición y tortura de miles de jóvenes venezolanos que sólo luchaban por una sociedad más libre y justa. No podemos olvidar a los responsables y no podemos olvidar lo que hicieron estos tipos. Cuando todo esto pase, porque pasará, nos queda una enorme tarea por delante.

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